El ex dictador, su familia y su círculo más cercano fueron sorprendidos por la inesperada reunión de los veintidós jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y el impacto del veredicto se hizo sentir. Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo menor del ex jefe militar, culpó al Gobierno del socialdemócrata Ricardo Lagos de la resolución judicial: «Todo el mundo sabe que hubo presiones de personas afines al Gobierno que amenazaron abierta, directa y públicamente al poder judicial», dijo Pinochet Hiriart, quien comunicó la mala noticia al ex dictador.

El presidente Lagos, por su parte, rehusó pronunciarse sobre el desafuero por desconocer cualquier extremo al respecto, pero descartó un posible golpe militar en declaraciones a una emisora de radio.

El equipo de abogados del general Pinochet se reunió con su cliente pocas horas antes de que trascendiera la votación de los jueces (que según versiones no oficiales sería de doce contra diez, o trece contra nueve), para analizar los eventuales escenarios judiciales, incluida la posibilidad de un desafuero. El equipo de juristas que encabeza Ricardo Rivadeneira esperará a conocer el contenido del fallo para luego jugar la última carta que podría evitar que Pinochet vaya a juicio: una apelación a la Corte Suprema. En este sentido, la defensa anunció ayer que recurrirá apenas se confirme oficialmente la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de desaforar al ex dictador en procesos por violaciones a los derechos humanos. «Vamos a apelar de inmediato» en tal caso, aseguró el letrado José María Eyzaguirre.

La defensa alegará ante el Alto Tribunal que Pinochet no está en condiciones de afrontar un juicio por su deteriorado estado de salud, por lo que no tiene garantizado un proceso justo. Los mismos argumentos que ya esgrimió en abril ante la Corte de Apelaciones. La ventaja de Pinochet es que en la Corte Suprema tendría una mayoría a su favor y el fallo que ésta emita es inapelable.

En las Fuerzas Armadas ayer hubo silencio. Como el veredicto de los jueces no es oficial, los mandos militares no han reaccionado todavía.Cuando lo hagan deberán ser cuidadosos, ya que constitucionalmente no pueden ni siquiera comentar una resolución judicial.

En el Gobierno, en tanto, los ministros José Miguel Insulza y Claudio Huepe insistieron en que la única conducta que cabe es respetar y acatar los fallos judiciales, al tiempo que se esforzaron por desmentir que el veredicto desfavorable a Pinochet haya sido «filtrado» desde el palacio de La Moneda.

Los partidos de la derecha, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, optaron por calificar el veredicto judicial como «un error y una injusticia, ya que —dicen— no hay pruebas que inculpen a Pinochet». Ayer por la tarde, una delegación parlamentaria de ambos partidos se dirigió a la residencia capitalina del ex dictador para expresarle su apoyo y solidaridad. Poco antes, los partidos derechistas anunciaron que daban por congeladas las negociaciones con el Gobierno para buscar caminos que pongan «fin a la transición», un eufemismo que incluye reformas a la Constitución, determinar el paradero de los detenidos desaparecidos y «una salida digna» para Pinochet.

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