Mientras Chile vivía una nueva conmoción con su pasado, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, efectuaba una visita de dos horas a Augusto Pinochet en su residencia de Santiago. Izurieta, que siempre se ha mostrado fiel al ex dictador, se marchó sin hacer declaraciones.

Prevista para los primeros días de junio, la resolución fue rápidamente filtrada por fuentes judiciales, pese a que fue adoptada en secreto por los 22 jueces del tribunal. Pero habría sido adelantada para evitar las crecientes presiones ejercidas sobre la Corte de Apelaciones, por parte de diversos sectores del espectro político.

Atendiendo al mismo motivo, según trascendió ayer en la capital chilena, la redacción oficial del fallo podría hacerse pública dentro de pocos días, pese a que oficialmente el plazo es de entre una y dos semanas.

Una vez que la Corte de Apelaciones dé este último paso, el caso quedaría en manos de los 20 jueces de la Corte Suprema, ya que -tal como confirmaron ayer miembros del equipo de abogados de la defensa de Pinochet- es prácticamente un hecho que se apelará el dictamen de desafuero ante el máximo tribunal chileno, tras hacer uso los defensores del plazo de cinco días que la jurisprudencia local les confiere a tal efecto.

«Esperamos conocer rápidamente el fallo», dijo José María Eyzaguirre, uno de los profesionales a cargo de la defensa del anciano y acorralado ex general. «Yo tengo la impresión de que se va adelantar».

En lo que podría interpretarse como un deseo antes que como una constatación de un hecho, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, señaló que «no siente presión de nadie» por la inminente radicación del caso en el Alto Tribunal. «Estamos preparados para enfrentar esta responsabilidad», agregó.

El Gobierno hizo saber ayer que «respetará y hará respetar el fallo» de desafuero. Acerca de la posibilidad de que exista algún tipo de pronunciamiento por parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas, una vez que se conozca públicamente el dictamen de la Corte de Apelaciones, el ministro de Interior, José Miguel Insulza, dijo que ésa «no es una preocupación para el Gobierno» y que, en cualquier caso, no se trataría de una «deliberación».

Entretanto, Marco Antonio Pinochet, el menor de los hijos varones del ex dictador, se trasladó a la residencia de su padre en el exclusivo sector de la Dehesa en la capital chilena para acompañarlo. Allí denunció que «hubo presiones» de personas «afines al Gobierno», que amenazaron «directa, abierta y públicamente» al poder judicial para lograr un fallo desfavorable a Augusto Pinochet.