La resolución adoptada por la Corte de Apelaciones chilena no es todavía oficial. Ha trascendido gracias a una filtración periodística, realizada al parecer para cortar con las presiones que estaba recibiendo el tribunal.

Evidentemente contrariado, el coronel Pedro Pablo Bustos, portavoz del Ejército chileno, declaró ayer: «La institución no puede decir nada hasta no (sic) conocer el fallo oficial». Es obvio que una parte del mando militar chileno todavía no es consciente de que, en un Estado de Derecho, a las Fuerzas Armadas no les corresponde pronunciarse sobre las decisiones de los tribunales. Ni antes de que sean oficiales ni después de serlo. Como muy bien recordó el pasado fin de semana el presidente Ricardo Lagos, lo que deben hacer los otros poderes del Estado es acatar y cumplir las resoluciones del Poder Judicial.

La decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago dignifica en muy alto grado la posición del Estado chileno. Durante el tiempo en que estuvo en discusión la extradición a España del genocida Pinochet, los gobernantes chilenos reclamaron que fuera devuelto a su país, asegurando que allí sería puesto a disposición de la Justicia. Muchos pusimos en duda que tal cosa fuera posible, dado el ascendente que los herederos del pinochetismo siguen teniendo en el Ejército y en la vida social de aquel país. Han demostrado que lo que decían era exactamente lo que tenían la firme intención de hacer, lo que les hace acreedores del profundo respeto y del sincero reconocimiento de la comunidad democrática internacional.

Pinochet comparecerá finalmente ante la Justicia para dar cuenta de sus crímenes, a no ser que se decida, en virtud de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal de Chile para los procesados mayores de 70 años, que está «incapacitado para asumir su defensa».