Mientras Chile se llena de rumores sobre un posible fallo a favor del juicio a Pinochet, EE UU estudia abrir un proceso por el asesinato en Washington hace 24 años de Orlando Letelier, amparados por nuevas pruebas que, según los investigadores, implican al ex dictador. «Si la resolución de la corte es negativa, las peticiones de desafuero se sucederán». Las palabras del diputado Juan Bustos dan cuenta del complicado momento que vive Chile.
Investigadores del Departamento de Justicia cuentan ahora con nuevas evidencias que vinculan a Pinochet con este asesinato y el de la secretaria de Letelier mediante la explosión de un coche bomba, según publicaba ayer el Washington Post.
Entre las nuevas pruebas los investigadores incluyen datos que evindencian que, en aquellos años, tras haber tomado el poder con un cruento golpe de estado, Pinochet estabaobsesionado con Letelier, que presionaba desde el exilio en Estados Unidos por el respeto de los derechos humanos en Chile. Esta obsesión llevó al entonces dictador a intervenir directamente para quitar la ciudadanía a Letelier días antes del atentado terrorista en el que falleció.
Los funcionarios de justicia que examinan las pruebas no han restado importancia a las posibles dificultades de enjuiciar el ex dictador chileno por un hecho ocurrido hace más de dos décadas, pero analizan la cuestión para poner en marcha el proceso, explica el diario.
El rotativo agrega que los fiscales no tienen pruebas de la intervención directa de Pinochet, pero consideran su acción para retirar la ciudadanía a uno de sus más ilustres opositores una muestra de que tenía suficientes motivos para ese asesinato.
Rumores
El martes pasado, en un inesperado pleno extraordinario, los 22 ministros que componen la Corte de Apelaciones se reunieron y tomaron una decisión acerca de quitar o no el fuero parlamentario al ex dictador. Aunque aún no es oficial, poco después de terminar la sesión se supo que los jueces votaron, por doce votos contra diez, que Pinochet debe ser juzgado, como un ciudadano cualquiera, por su eventual responsabilidad en el secuestro y desaparición de 19 chilenos que fueron capturados en el norte del país por la tristemente célebre Caravana de la Muerte, un mes después de ocurrido el Golpe Militar.
Ante la presión de la prensa, el titular de la corte, el ministro Rubén Ballesteros, se limitó a confirmar la realización del pleno y la respectiva votación, aunque no aclaró el resultado. Sólo indicó que el fallo está en proceso de redacción y que, posiblemente, tardará dos semanas en darse a conocer.
Incluso el Gobierno ha solicitado públicamente al tribunal, por medio del ministro del Interior, José Miguel Insulza, la confirmación de este secreto a voces que podría, por primera vez en la historia de Chile, llevar a un ex mandatario ante los tribunales de justicia.
Si bien los jueces involucrados en la votación se han mantenido en el más hermético silencio, al menos en lo que es oficial, fue el propio presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, quien señaló que «habitualmente, cuando la prensa da a conocer este tipo de noticias, está bastante cerca de la realidad». La defensa sólo ha dado luces acerca de un paso obvio e inevitable, apelar ante la Corte Suprema, al menos, la realización de los exámenes médicos al anciano militar, petición que ya fue rechazada por la Corte de Apelaciones, si pierde el fuero.