Un Estado no es solamente un aparato de gobierno: engloba el conjunto del campo institucional, es decir, a las propias instituciones que lo estructuran y tienen el poder de decidir en su nombre, principal o secundariamente, y a la colectividad gobernada, porque el poder y la sociedad son indisolubles. Lo dicho no significa dejar de precaverse ante la concepción etnicista del Estado-Nación.

Históricamente, la aceptación del Estado constituye un consenso muy generalizado: lo rechazaba el anarquismo radical, pero incluso distintas concepciones marxistas admitieron las posibilidades que brindaba para las reivindicaciones de principios vinculados a la libertad y la justicia y la explotación inhumana en las concepciones económicas.

Por supuesto, hubo alertas sobre la dominación del Estado por la burocracia y la necesidad de fortalecer al Parlamento como única forma de lograr su control. También acerca de la necesidad de evitar que la clase burguesa absorbiera toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico, deformando así la función del Estado para justificar y mantener su dominio mediante la aceptación de sus tesis por parte de los grupos subordinados. Actualmente, pareciera que los grupos subordinados se enfrentan a un nuevo proceso en el que el grupo dominante ya no se preocupa por obtener ciertos equilibrios que hicieran tolerable su hegemonía. El grupo dominante procura, en las tesis neoconservadoras, debilitar al Estado hasta el punto de convertirlo en gerente de sus propios intereses y lograr que deserte del cumplimiento de sus misiones esenciales.

Por otra parte, una globalización insolidaria atenta perseverantemente contra la independencia, el primer elemento indispensable para darnos nuestra propia forma de gobierno y practicarla en plenitud; en definitiva, para ser un Estado. En otras palabras, se ha mundializado esa actitud de las clases dominantes, acrecentada por una manipulación intolerable.

A ello debe sumarse una creciente dificultad para lograr transferencias de conocimiento desde el centro a la periferia, lo que acentuará la desigualdad económica. Mucho más que eso, afectará a la capacidad de acción política de las naciones rezagadas, sometiéndolas a una nueva forma de colonialismo.

El problema es doble: así como no hay democracia sin independencia, tampoco la hay si no existe una acción efectiva del Estado en relación a lo interno de nuestros países. Una acción orientada hacia políticas económicas y sociales a través de una necesaria planificación. Todos sabemos que esa capacidad de control suele debilitarse y hasta perderse como consecuencia de intereses ajenos a los de las mayorías populares. Entonces, a lo sumo, lo que se salva es la república en tanto y en cuanto se preserve la división de los poderes y no se atente definitivamente contra el sistema representativo.

Pero, al convertirse una sociedad en víctima del egoísmo y a veces en cómplice involuntario de un proceso inequitativo, la tensión así creada ha de volverse en definitiva contra los poderosos, agudizando los peligros para la paz interna e incluso para su propia subsistencia. En última instancia, cabría esperar que una derecha más lúcida actúe, aunque sea egoístamente, con una mayor prudencia racional. Una vez más debo insistir: la ruptura de esta dinámica es una tarea de todos, que nos exige buscar los caminos que nos lleven a una lógica de la sensatez, que procure consensos necesarios para concretar una real independencia, una auténtica libertad y una búsqueda tenaz de criterios de igualdad.

En cada uno de nuestros países debemos concretar una nueva situación de auténtica cohesión nacional con fuerte vocación integradora de la región. Para lograrlo, es imprescindible plasmar, en una convocatoria a la convergencia política, social y económica, un programa esencialmente transformador y emancipador que supere los esquemas cerrados de quienes persisten en analizar la situación presente desde enfoques dogmáticos anclados en la dependencia.

Siempre supimos que no alcanzaban las libertades negativas, así llamadas porque protegían al ciudadano frente al Estado. El problema es que ya no alcanzan las libertades-crédito, protectoras de los derechos sociales, porque la situación se ha hecho inviable para gran parte de nuestros pueblos y abarca al proletariado y a la clase media, mientras se ha imposibilitado, desde adentro y desde afuera, la redistribución.

Hoy tenemos que hablar del derecho a la inclusión, que implica vincular derechos sociales con obligaciones morales.

La lucha contra la exclusión invita a emprender de nueva forma el imperativo de dar respuesta al reclamo de justicia social. Hay que ir más lejos, porque no podemos conformarnos sólo con un dispositivo de asistencia, puesto que lo que necesitamos es la participación de todos en la vida social.

Pero, si bien la cohesión hace nuestra fortaleza y ésta nuestra autonomía, su desarrollo impone la adopción de una política exterior racional y previsible.

Entre todos tenemos que hacernos respetar como estados independientes, integrados regionalmente, y reafirmar que, al mismo tiempo que somos países occidentales que reivindicamos la democracia pluralista y la cultura de la libertad, pertenecemos también al Sur. Ese Sur marginado de los grandes procesos de avance tecnológico y de organización de la producción y del intercambio comercial más avanzados.

En este contexto debemos propender a la consolidación de la independencia política y económica de nuestros países, intervenir en la búsqueda permanente de la paz y del resguardo de los derechos humanos fundamentales en todas las áreas del mundo e impulsar la integración latinoamericana como único camino que otorgará a los países del subcontinente la fortaleza necesaria para superar la dependencia y el atraso.

América Latina se presenta como una alternativa posible para el logro de este objetivo. Se requiere consolidar, y en algunos casos recuperar, sistemas democráticos que faciliten la cooperación sin disputas hegemónicas. Encontrando el modo de preservar las identidades nacionales e inaugurar nuevas formas de convivencia interna y externa, basadas en los principios de la libertad y de la equidad.

A los pueblos latinoamericanos nos unen muchos más factores que los que nos dividen. Es más, en estos momentos estamos enfrentando un grave problema común, el de la deuda externa, que pesa sobre nuestras economías como pesaron sobre los pueblos europeos los efectos devastadores de las dos guerras mundiales. Hacer frente a la deuda implicará para nosotros la misma función impulsora y concentradora de esfuerzos que tuvo la contienda bélica para quienes la padecieron. Nosotros debemos superar el problema de la deuda externa por la única vía útil, que es la de la democracia, y en ella la del crecimiento y la del reclamo conjunto en búsqueda de justicia, que sólo será eficaz mediante la integración.

Debemos confluir hoy en la voluntad de trabajar por la constitución de una América Latina democrática, fuerte, fraterna y en crecimiento que permita alcanzar la verdadera liberación en el respeto a la dignidad de todos y asegurar la real soberanía de nuestros estados.

Para lograrlo hay que evitar el miedo a estar en contra de la corriente política prevaleciente, sin transigir en nuestras convicciones ni olvidar nuestros principios: el único pez que va siempre a favor de la corriente es el pez muerto. El neoliberalismo tuvo la osadía de afirmar que la democracia no es un valor fundamental. Nosotros afirmamos que lo que precisamos es más democracia.

Raúl Alfonsín fue presidente de Argentina.