El Gobierno español, demandado por no apoyar a Garzón ante Argentina

Publicado el Viernes 5 de mayo de 2000 en EL PAÍS DIGITAL

El Gobierno español, demandado por no apoyar a Garzón ante Argentina

El Supremo admite a trámite el recurso

I. C, Madrid
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda contra el Gobierno español por no tomar medidas contra Argentina para obligarle a cumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito entre ambos países en 1987. El Supremo dio ayer ocho días a la Fiscalía y al Abogado del Estado para contestar a esta demanda.

Desde octubre de 1996 el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha enviado una batería de comisiones rogatorias a Argentina para solicitar información sobre personas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura militar, procesos judiciales seguidos por esos hechos, etcétera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino desestimó la primera comisión por "deficiencias formales" y advirtió: "De todas maneras, aún cuando tales deficiencias fueran subsanadas, cabe señalar que el Gobierno argentino ha resuelto rechazar el pedido de asistencia judicial internacional (...)". Posteriormente, un decreto presidencial de 1998 ordenó denegar los pedidos de asistencia judicial y devolverlos a España.

Los letrados españoles Guillermo Valera y Víctor Hortal consideran en la demanda presentada que la cancillería argentina ha infringido el tratado bilateral en el que ambas partes "se obligan a prestarse asistencia mutua en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal" excepto en los delitos políticos. Buenos Aires no ha invocado este motivo para justificar su denegación.

Ante la manifiesta infracción argentina "las autoridades españolas no han adoptado medida alguna que palie los efectos del incumplimiento". El Gobierno español no ha cumplido, por tanto, con su deber de defensa de la jurisdicción española recogido en la Constitución.

Los letrados piden, por tanto, al Supremo que ordene al Ejecutivo "adoptar las medidas que considera más adecuadas para garantizar la efectividad de la tutela judicial que requiere la diligencia de las comisiones rogatorias (...) desatendidas".

En otros casos, que le interesaban más, el Gobierno ya lo hizo. Recuerdan, por ejemplo, la suspensión de la cooperación judicial con Bélgica en 1996 por su mala voluntad a la hora de extraditar a un colaborador de ETA.