Se perfilan con rasgos distintivos en ambos casos, el del Cono Sur y el de las hermanas repúblicas andinas, dos modos contrapuestos de entender cómo responder a los desafíos del presente, y que arraigan, también, en concepciones filosóficas antagónicas.

En el primer caso, se trata, en efecto, de la afirmación inédita de modelos democráticos pluralistas en los que mayorías y minorías no se manifiestan como expresiones automáticas y sustanciales de la voluntad popular sino, más bien, como construcciones sociales variables y cambiantes en las que cada parcialidad no puede sentirse intérprete del todo ni puede aspirar a su perpetuación.

En el segundo caso -luego de una aguda crisis y descalabro de los sistemas políticos tradicionales en la que mucha responsabilidad tuvo el modelo de ajuste neoconservador de sus estados en los años 90- lo que estamos observando es una distorsión grave que entiende la democracia a la manera de los despotismos plebiscitarios, confunde la voluntad popular con el unanimismo y el hegemonismo y pretende instalar formas de gobierno que desconocen la realidad del pluralismo, la división y el control de los poderes y el papel fundamental de los partidos políticos.

En Uruguay, como se sabe, se aplicó por primera vez un nuevo sistema electoral que eliminó la vieja ley de lemas y tendió a facilitar la formación de una mayoría más nítida detrás de quien resultara elegido presidente. De haberse mantenido el sistema electoral anterior, en las elecciones del 30/10/99, la mayoría podría haber correspondido al Frente Amplio Encuentro Progresista y el presidente hubiese sido Tabaré Vázquez, que obtuvo casi el 40% frente al 32% de Jorge Battle y el 21,5% de Luis Lacalle.

Con el nuevo sistema y la realización del ballotage (segunda vuelta), el 28/11/99, mayorías y minorías cambiaron su signo: 51,5% para Battle y 44% para Vázquez. De este modo colorados y blancos mantuvieron la mayoría, si bien al precio de fundir sus dos minorías en una coalición implícita, ante un Frente Amplio que logró la primacía como fuerza política individual, aunque pagó el precio de quedar en la oposición como primera minoría.

Lo ocurrido en las elecciones chilenas fue igualmente ilustrativo. El sistema electoral binominal, en lugar de la tradicional proporcionalidad, es una herencia de la dictadura de Pinochet, ideada para evitar que la tradición multipartidista reprodujera la polarización y el gobierno en minoría vividos durante la presidencia trágica de Salvador Allende.

Así como la ley de lemas uruguaya aglutinaba las listas detrás de las fórmulas más votadas, el sistema chileno premia a las dos primeras fuerzas electorales con la mayoría de cargos electivos, y obliga a la segunda vuelta presidencial si ninguna atraviesa la barrera del 50%.

Los chilenos siguen siendo socialistas, radicales, democristianos, conservadores y liberales, pero en las urnas se abroquelaron en dos grandes bloques centristas; uno más inclinado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. En esta ocasión, por primera vez, los democristianos fueron con un candidato socialista y los partidos de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, con un dirigente con llegada mediática que supo sacarse el peso de Pinochet de sus espaldas.

El empate entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín en la primera vuelta, el 12/10/99, ambos arañando la mayoría con el 47%, evidenció una polarización centrípeta de alta intensidad. Estoes, dos grandes mitades peleando por el centro del tablero. El 16/1/00 cualquiera de los dos podía ganar atrayendo votos de su adversario, de la reducida izquierda o del abultado abstencionismo. De haber regido la ley electoral anterior a la Dictadura, Lagos se habría consagrado como presidente en la primera vuelta, aún frente a una oposición con casi tantos votos como él.

El desempate obligado por el ballotage demostró su virtuosismo en el reconocimiento recíproco de vencedores y derrotados, que mostró a una derecha más comprometida con las reglas del juego de la democracia y a un honorable líder político progresista legitimado por el voto de todos los chilenos.

Los nuevos sistemas electorales, al obligar a agregar parcialidades, contribuyeron de este modo a modificar representaciones y conductas políticas preexistentes, estimulando las alianzas que subsumen a los partidos en coaliciones más amplias y consistentes. De este modo, las reformas electorales actuaron en consonancia con la renovación de la representación política y acompañaron de una manera más cercana la evolución de la cultura política y de los partidos, yendo hacia un bipolarismo más abierto y flexible.

Esto, en modo alguno, hace de los nuevos escenarios políticos el mejor de los mundos posibles. Por lo pronto, obliga a una intensa dinámica de intercambio y negociación para generar consensos y compromisos que posibilitan alianzas progresistas con mayor capacidad para lograr concretar sus objetivos. Es lo que ocurre, en tal sentido, en mi país, la Argentina, que ha estrenado con el triunfo de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, por primera vez en su Historia, un gobierno nacional de coalición, con responsabilidades compartidas e intercambiables entre oficialismo y oposiciones en los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal.

Nos permite, además, entender la democracia menos a la vieja usanza, como el sistema en el que gobierna la mayoría y se garantiza la expresión de las minorías, y más como el sistema que permite la formación de mayorías y minorías alternativas, plurales y diversas en las que la tendencia ha de ser un desarrollo más sostenido de la búsqueda de la igualdad. Sobre todo, en sistemas presidencialistas como los latinoamericanos esto supone una profunda transformación cultural de la que debemos extraer positivas enseñanzas.

Ojalá que sirvan también estos ejemplos para que la democracia pueda encontrar sus cauces más genuinos en Perú y Venezuela y para que otros países hermanos, como Ecuador y Paraguay, puedan recobrar la confianza en sus jóvenes instituciones.