El juez Guzmán denuncia la exhumación de los cuerpos de desaparecidos en Chile

Varios grupos esconden o destruyen los cadáveres, según el magistrado del 'caso Pinochet'

MANUEL DÉLANO, Santiago
Después de dos años de investigación del caso Pinochet, el juez chileno Juan Guzmán, que ha dedicado buena parte de su tiempo a hurgar en busca de los restos de los detenidos desaparecidos en la dictadura, llegó a una siniestra conclusión digna de un argumento de Stephen King: los autores de los crímenes no sólo han ocultado el paradero de los cuerpos a los parientes de las víctimas durante más de un cuarto de siglo, sino que en muchos casos hubo brigadas especializadas que exhumaron los pocos huesos que quedaban para llevárselos con un destino que ahora sí sería desconocido.

Una familiar de un desaparecido, junto a un cartel anti Pinochet (AP).

Guzmán pudo comprobar la existencia de estos desenterradores de Pinochet en estos días mientras 22 colegas suyos de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchaban los alegatos para despojar de su fuero de senador al anciano general. En las cercanías de Putre, unos 2.000 kilómetros al norte de la capital, el juez buscaba los restos de dos reclutas que hacían la mili en el Regimiento de Coraceros en octubre de 1974, detenidos después de desertar y desde entonces desaparecidos. Tenía un dato firme de dónde estaban sepultados clandestinamente Sergio Pantoja y Juan Peña, dos víctimas más de la dictadura que no eran militantes de los partidos de izquierda, cuenta el abogado Nelson Caucoto, que mañana, martes, presentará una querella por el caso, la número 95 que acumulará en su contra Pinochet.

Pero después de dos días de excavaciones, Guzmán se encontró con la evidencia de que gran parte de los restos fueron sacados del lugar. Sólo pudo ubicar, contó, "una mano, dos costillas, parte de una columna y parte de un cráneo", que envió a examinar y los técnicos del Servicio Médico Legal (forenses) constataron que los cadáveres habían sido removidos y calcinados.

Molesto, el magistrado comentó: "Nos parece raro que en nuestra búsqueda siempre encontramos tierra removida". E hizo pública su denuncia de que, "al parecer, hay un grupo especializado a lo largo del país dispuesto a entorpecer nuestras diligencias".

Quienes investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura tienen certeza de la existencia de estos grupos de desenterradores macabros que retiran restos inhumados en secreto para destruirlos o llevárselos a un lugar que nunca pueda ser encontrado. Creen que lo hicieron en los años ochenta, pero que estas acciones prosiguieron en menor medida después, en los noventa, bajo los gobiernos democráticos.

Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes que alegaron en la corte contra Pinochet, sostenía ayer en una entrevista en el diario La Nación que, después de iniciada la transición, "las Fuerzas Armadas siguieron comprometidas en las violaciones de los derechos humanos; tanto es así, que, sabiendo el paradero de detenidos desaparecidos, los sacaron de los lugares conocidos por ellos y los hicieron desaparecer".

Caucoto dice que la información apunta al interior del Ejército. Él recibió el testimonio de un miembro de una brigada llevada a buscar y remover osamentas que no sabía a quién pertenecían ni por qué lo hacían. "Cuando desenterraban los restos, era otro el grupo que determinaba el destino de éstos. Fue un plan, una operación en que se hizo un trabajo compartimentado, en que cada grupo no sabía qué hacía el otro". Sostiene el abogado que detrás hubo una voluntad de borrar huellas de los crímenes, y se refiere a los hechos como "la resaca", consistente en hacer desaparecer de nuevo a quienes ya estaban desaparecidos.

A una de las abogadas que alegaron contra Pinochet en la corte, Carmen Hertz, la denuncia de Guzmán le es conocida. Con los cuerpos de las 26 víctimas de la ciudad de Calama de la Caravana de la muerte, la comitiva militar enviada por Pinochet en 1973 que asesinó a 75 prisioneros, sucedió algo parecido. Después de varias búsquedas infructuosas en la soledad del desierto que reina en esta zona, encontraron una fosa con restos que se dejaron olvidados quienes habían retirado previamente los cuerpos de ese lugar.

La paradoja es que mientras estos cuerpos no aparezcan, de acuerdo a la reinterpretación de la Ley de Amnistía que hizo la Corte Suprema, el delito cometido es un secuestro calificado de carácter permanente, porque se sigue cometiendo, y por el cual se intenta ahora juzgar ahora a Pinochet y a los integrantes de la Caravana de la muerte.

M.D, Santiago
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, tiene certeza de la existencia del operativo para retirar los cadáveres de los lugares originales donde estaban sepultados, aunque no sabe quiénes lo hicieron.

Díaz recuerda el caso de las víctimas sepultadas en Cuesta Barriga, un cerro ubicado a 60 kilómetros de Santiago, denunciado por un ex agente de la dictadura. Cuando la justicia llegó al lugar exacto donde estaban sepultados cuerpos de prisioneros políticos, "encontramos que ya los habían sacado". Quienes cumplieron esta macabra tarea fueron poco escrupulosos: se les olvidó sacar una mandíbula. Y eso permitió identificar a Juan Orellana Catalán.

En el caso del miembro de la comisión política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista van Schouwen, detenido y asesinado en 1973, cuando una juez ordenó excavar en una tumba sin identificación del cementerio general de Santiago, con la leyenda NN en la lápida, para retirar el cuerpo y entregárselo a su familia, no encontró restos: agentes de la DINA lo habían sacado e incinerado. Van Schouwen fue asesinado junto a Patricio Munita. Los padres de Munita eran parientes del general Ernesto Baeza, el jefe de la policía civil en el primer periodo de la dictadura. Le pidieron ayuda y lograron exhumar a Munita. Informado por Manuel Contreras, el jefe de la DINA, Pinochet se indignó y citó a Baeza a su despacho y le espetó: "Así que andas buscando muertos, ¡ah!". Baeza lo negó y Pinochet le respondió furioso: "Ándate con cuidadito y déjate de seguir revolviendo la tierra para sacar muertos".

JOSÉ MANUEL GÓMEZ-BENÍTEZ
La inmunidad protege a los parlamentarios frente a la detención y enjuiciamiento por razón de su función legislativa y por una sola causa: la posible existencia de motivaciones políticas ajenas a la persecución de los delitos, o, lo que es lo mismo, la instrumentación del poder judicial, o bien la propia interferencia arbitraria de los jueces en el funcionamiento de los Parlamentos.

Mediante la inmunidad se trata, pues, de evitar persecuciones ajenas a la comisión de delitos que pretendan privar arbitrariamente a las Cámaras legislativas de la participación de alguno de sus miembros; es decir, que atenten contra la propia función legislativa.

Por ser ello así, en la mayor parte de los países, los propios Parlamentos, y en otros, como Chile, órganos judiciales ajenos a los que están investigando los hechos criminales, tienen la posibilidad de evitar esas arbitrariedades y defender el propio poder legislativo, haciendo valer en tales casos la inmunidad parlamentaria y los correspondientes fueros especiales.

En un Estado de derecho, la inmunidad parlamentaria no es, por tanto, un privilegio de los legisladores frente a la persecución de los delitos de los que aparezcan como sospechosos, sino un instrumento legal específico para la protección de la función parlamentaria frente a detenciones y procesos penales arbitrarios

Por eso, el desafuero o levantamiento de la inmunidad es la consecuencia legal inevitable, una vez comprobado que el proceso penal dirigido contra un parlamentario no está motivado por tales pretensiones perturbadoras de la función legislativa, ajenas a la debida persecución de los delitos.

Para ello deben analizarse, sobre todo, la seriedad de los cargos y de los indicios delictivos, ya que la obvia significación política de cualquier parlamentario no puede servir como argumento para mantener su inmunidad si, más allá de la política, los datos indican que los delitos y los indicios existen, y que, en consecuencia, no debe impedirse, sino al contrario, la investigación judicial y la punición de los culpables.

Si, como parece, la siniestra Caravana de la muerte existió y la actividad investigadora realizada tanto en España por el magistrado Baltasar Garzón como en Chile por Juan Guzmán permite, como también parece, afirmar la existencia de indicios de la responsabilidad criminal del senador Pinochet, es de justicia y de derecho que se levante su inmunidad parlamentaria.

Desde el punto de vista del derecho tienen razón, por tanto, quienes, en el importantísimo proceso sobre la inmunidad de Pinochet que se está siguiendo en Chile, están centrando la atención en la realidad de los graves delitos que se investigan y en los indicios ciertos de la intervención del senador, dejando la política en el terreno de quienes, pese a ello, defienden su inmunidad, que aparece así como un mero escudo protector legalmente injustificable.

La primera reflexión sobre el proceso de desafuero de Pinochet -que define, además, su extraordinaria trascendencia histórica- concluye, pues, que se trata de un auténtico antejuicio; es decir, de una revisión judicial de la realidad de los delitos y de los indicios de responsabilidad, previa a la posible imputación del senador.

Como puede comprenderse fácilmente, nada tiene que ver con este proceso el estado de salud del parlamentario.

Parece, por eso, que la llamada de atención sobre sus enfermedades hecha ahora por sus defensores sólo puede entenderse como estrategia para desviar la atención hacia problemas ajenos a la inmunidad y el desafuero.

No obstante, puesto que la salud está siendo también, al parecer, objeto del debate jurídico, conviene precisar que, ciertamente, hay enfermedades graves que, debidamente dictaminadas por los médicos forenses, provocan en cualquier Estado de derecho la imposibilidad del juicio, su suspensión y, en su caso, el archivo del caso.

No debe olvidarse, no obstante, que actualmente el juicio es una mera hipótesis razonable de futuro si se levanta la inmunidad, pero lo inmediato es sólo la imputación del senador en un proceso penal por graves delitos.

Es precisamente en el seno de ese proceso donde debería intentar probarse que las enfermedades afectan no a la capacidad de ser enjuiciado, sino al derecho de defensa del senador durante la investigación judicial. La demencia puede ser un estado de salud relevante al respecto, aunque, obviamente, nada tiene que ver con la inmunidad.

Si una vez levantada su inmunidad se prueba que el senador no entiende lo que acontece a su alrededor, no podrá, ciertamente, ser juzgado mientras se encuentre en tal estado mental, aunque tal vez sí investigada su responsabilidad. Pero si es un demente, tampoco podrá ser legislador: debería entonces ser incapacitado legalmente para ejercer como senador, lo que es de suponer que es posible, pese al poco homologable carácter vitalicio de este senador.

Enlaces de interés
• Presidencia de Chile
  
• Página del Home Office
  
• La Fundación Pinochet en la red
  
• Página de los detenidos desaparecidos en Chile
  
• Página de Amnistía Internacional

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