Forestier es un general retirado que perteneció al entorno más cercano de Pinochet y llegó a ser ministro de Defensa del régimen militar (1973-1990).

El ex fiscal militar Mario Acuña y un tercer militar cuya identidad se mantiene en reserva, fueron procesados por la ejecución de diez personas en el campo de prisioneros de Pisagua y en la ciudad de Iquique, a finales de 1973.

La resolución fue adoptada por el juez especial Juan Guzmán, que tiene a su cargo la investigación de las querellas que desde febrero de 1978 han presentado contra Pinochet organizaciones políticas, humanitarias, gremiales y sindicales, y familiares de las víctimas.

Cuando ocurrieron los hechos, Forestier era gobernador de la provincia de Tarapacá. Acuña, por su parte, fue fiscal en los consejos de guerra que desembocaron en las ejecuciones de las víctimas, cuyos cadáveres jamás fueron entregados a sus familiares y se presume que fueron dinamitados.

Adil Berkovic, uno de los abogados querellantes, explicó que los tres han sido procesados por los delitos de secuestro calificado, aplicación de tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita.

Con esta resolución, el número de procesados por el juez Guzmán en las más de 80 querellas contra Pinochet ascendió a once, dos de ellos generales retirados, implicados en los casos de la llamada Caravana de la Muerte, el secuestro de David Silberman y las ejecuciones de Pisagua.

La Caravana de la Muerte era una comitiva militar al mando del general Sergio Arellano Stark, que también está procesado, cuyos integrantes presuntamente asesinaron a 72 prisioneros políticos en un recorrido por varias ciudades chilenas, en octubre y noviembre de 1973.

David Silberman, un alto ejecutivo de la estatal Corporación del Cobre (Codelco), fue secuestrado en 1974 por un grupo de agentes de la DINA, la policía secreta del régimen militar, y desde entonces está desaparecido.

Próximamente, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver una petición de los querellantes para desaforar a Pinochet, que de ser aprobada, le despojaría de la inmunidad de que disfruta como senador vitalicio y le dejaría en condiciones de ser procesado, especialmente por el caso de la Caravana de la Muerte.