MADRID.- Los 11 magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaron ayer, por unanimidad y tras más de cuatro horas de debate, que la Justicia española puede investigar y, en su caso, juzgar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares de Argentina y de Chile.

El Pleno desestimó dos recursos que habían presentado los fiscales Pedro Rubira e Ignacio Peláez, contra sendas decisiones de los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, quienes en su día se declararon competentes para investigar las desapariciones de Argentina y de Chile, respectivamente, y no archivaron los casos como ha pedido la Fiscalía.

La decisión supone un rotundo espaldarazo para el trabajo que han realizado, durante los dos últimos años, los jueces Garzón y García Castellón, y un revés para la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, de paso, para el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Tras escuchar, el jueves, los argumentos de los dos fiscales y de los abogados de las acusaciones, los 11 magistrados se reunieron ayer, a las 9.30 horas, para deliberar. El ponente (encargado de redactar la resolución) Carlos Cezón González, habló en primer lugar y expuso su tesis favorable a declarar que España tiene jurisdicción en estos casos.

A continuación, intervinieron los demás magistrados, uno a uno, empezando por el más moderno. Desde el primer momento, hubo acuerdo sobre buena parte de las cuestiones planteadas, según las fuentes consultadas por EL MUNDO, aunque fue necesario votar algunos puntos concretos. Las referencias a los distintos convenios y tratados internacionales, así como a la complejidad técnica de algunos aspectos del caso, prolongaron el debate durante más de cuatro horas.

España y el genocidio

Los magistrados coincidieron en que, al haber encontrado, indiciariamente, Garzón motivos suficientes para calificar los hechos como constitutivos de un delito de genocidio, entre otros, la Justicia española tiene jurisdicción para investigarlo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 23.4, que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por ciudadanos españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, cuando sean calificados como delitos de genocidio y de terrorismo, entre otros.

Esos son dos de los delitos que Garzón ha atribuido a Pinochet. Los magistrados no entraron en el fondo, es decir, no estudiaron si realmente se pueden calificar o no los hechos como genocidio y como torturas, porque eso no les corresponde a ellos. Se limitaron a constatar que, de una manera indiciaria, el juez aprecia esos delitos con argumentos que pueden ser tenidos en cuenta.

El hecho de que no estudiaran el fondo permitió que todos ellos participaran en la deliberación, ya que los tres jueces que en su día deben analizar este sumario no se contaminan por haber decidido que España tiene jurisdicción. Contra su decisión, no cabe la posibilidad de presentar ningún recurso, por lo que Garzón y también la Fiscalía continuarán, a partir de ahora, la investigación.

El juez enviará, la próxima semana, al Ministerio de Justicia la solicitud de extradición de Augusto Pinochet, con tiempo suficiente para que el Consejo de Ministros pueda acordar darle curso en su reunión del viernes.

Es probable que para esa fecha Pinochet ya no se encuentre en Londres, pero él y los demás acusados saben, desde ayer, que no podrán salir de Argentina o de Chile si no quieren ser detenidos, según resaltaron ayer varios abogados de las acusaciones.

La Fiscalía, obligada a cambiar su criterio

A. Y.

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño, tendrá que «cambiar el chip» a partir de ahora, en el caso de las investigaciones sobre los desaparecidos en Argentina y en Chile, según uno de sus fiscales.

La decisión adoptada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal, supone un serio revés para la Fiscalía, puesto que ni uno solo de los 11 magistrados han formulado un voto particular en el que compartieran la opinión de los fiscales. Pero el ministerio fiscal se rige por el principio de legalidad y, una vez que la Sala ha dicho que es legal que la Justicia española tramite este caso, los fiscales no tienen más remedio que pedir diligencias de investigación.

No obstante, en el transcurso del proceso, el fiscal puede plantea,r en algún momento, sus objecciones a la calificación de los hechos como genocidio.

La decisión de la Sala era esperada en medios judiciales, e incluso fiscales, de la Audiencia Nacional, tal y como publicó este periódico el jueves, antes de que se estudiaran los recursos.

Aunque esperado, el acuerdo de los 11 magistrados ha disgustado a la Fiscalía, sobre todo por su rotundidad: ha sido adoptado por unanimidad y ha declarado la jurisdicción para investigar tanto el caso de Argentina como el de Chile. Algunos fiscales habían comentado la posibilidad de una solución intermedia (decir sí en el caso de Chile y no en el de Argentina, porque allí hubo una Ley de Punto Final y los delitos serían cosa juzgada).

El fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, se marchó ayer de la Audiencia antes de conocer la decisión. Ignacio Peláez, el fiscal que defendió el recurso referido a Chile, tampoco se encontraba fuera del edificio.

Pedro Rubira, el fiscal que había recurrido en el caso de los desaparecidos en Argentina, iba a salir por la puerta principal de la Audiencia, como hace cada día. Pero allí esperaban varios centenares de personas, en su mayoría familiares de víctimas o de supervivientes de campos de concentración, que previsiblemente no le iban a recibir con aplausos.

Finalmente salió por otra puerta, con lo que evitó encontrarse con los manifestantes.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, insistió ayer, poco antes de conocer la decisión, en que España no tiene jurisdicción en estos casos. No obstante, precisó que acataría la decisión «respetuosamente», como siempre debe hacer la Fiscalía frente a decisiones de los tribunales contra las que no puede recurrir.