El jefe de la Armada chilena hace pública la "preocupación" militar por el proceso a Pinochet
La fiscalía pide un "juicio justo" para levantar la inmunidad al senador vitalicio
MANUEL DÉLANO,
Santiago
Sumándose a la preocupación que expresó el Ejército en privado al presidente de Chile, Ricardo Lagos, el jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, planteó ayer públicamente que existe "preocupación" en su institución por el proceso a Pinochet. La inquietud militar apunta especialmente a la actuación del Consejo de Defensa del Estado (fiscalía), quien se hizo parte de la petición de desafuero de Pinochet y cuya presidenta, Clara Szczaranski, que fue exiliada durante la dictadura, expondrá hoy ante la Corte de Apelaciones la necesidad de que el general tenga un "proceso justo".
en Santiago de Chile (AP). |
Con media hora de exposición para cada uno, cinco de los siete abogados querellantes contra el ex dictador Augusto Pinochet iniciaron ayer por turno sus alegaciones frente a los 22 magistrados del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir que se le despoje del fuero que posee como senador vitalicio, el cual le concede inmunidad, y sea procesado como autor e inductor de los crímenes de la Caravana de la muerte, una comitiva militar que asesinó a 75 prisioneros políticos en diferentes ciudades del país en octubre de 1973.
Previamente, prosiguió la relación del caso, mientras en el exterior del palacio de los tribunales nuevamente se manifestaron en diferentes lugares y por separado partidarios y detractores del general.
Entretanto, el juez Juan Guzmán, quien investiga las 93 querellas presentadas contra Pinochet, se encuentra en Arica, a 2.000 kilómetros al norte de Santiago, indagando el paradero de dos detenidos desaparecidos. Y en Valdivia, 800 kilómetros al sur de la capital, por orden de Guzmán, la policía civil buscaba las huellas de la Caravana de la muerte en los asesinatos de otros 12 prisioneros políticos cometidos en 1973.
Los argumentos de los querellantes se centraron en que Pinochet es autor e inductor de los crímenes de la comitiva, porque envió al jefe de ésta, el general Sergio Arellano, como su oficial delegado. También lo acusaron de faltar a sus deberes militares al enterarse de los crímenes de prisioneros y no ordenar investigarlos, como correspondía, y de ascender a los oficiales comprometidos, en un verdadero premio por su actuación delictual.
Después de que los jueces de este tribunal, por una amplia mayoría de 16 votos contra 6, rechazaran el miércoles la petición de la defensa de Pinochet para que se le practicaran exámenes médicos previos -lo que, cuando menos, habría postergado, o si su resultado indicaba que el general padece de locura o demencia total, evitado para siempre los alegatos que comenzaron ayer-, los querellantes sienten que paulatinamente el muro protector del ex dictador se está desmoronando. Uno de los abogados querellantes, Eduardo Contreras, sostuvo que la defensa sufrió un traspiés y recordó que en Chile nunca se han considerado razones de salud para que exista un debido proceso. "Esto es una farsantería, una incultura y una maniobra comunicacional de la defensa de Pinochet", dijo.
El Cuerpo de Generales en Retiro del Ejército criticó ayer en duros términos la actuación del Consejo de Defensa del Estado (fiscalía) en el caso Pinochet, al vulnerar principios jurídicos y "perseguir a quienes no hicieron otra cosa que cumplir su deber".
Contrastando con la parquedad, frases elípticas y gestos simbólicos con que los jefes de las Fuerzas Armadas suelen expresar su malestar por el acoso del que se sienten víctimas en los tribunales, los militares en retiro hablan con la libertad del que ya no está en las filas y la fuerza que les da el que muchos de ellos estén acusados en los tribunales.
La declaración de los generales retirados acusa al CDE de actuar contra Pinochet con un procedimiento "desprovisto de ética y diametralmente opuesto" al que argumentó el Gobierno de Chile en Londres, donde, basado en exámenes médicos, pidió la liberación de Pinochet por razones humanitarias.
El CDE, que defiende los intereses del Estado, se ha opuesto con vigor en Chile a que se le practiquen exámenes médicos previos a los alegatos al ex dictador, porque sólo corresponde hacerlo con un procesado, según la legislación nacional.
