Pide una revisión de los procesos de extradición para evitar interferencias políticas
EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA LAS QUERELLAS CONTRA MATUTES

1 de febrero de 2000 (Terra/Efe)
El Tribunal Supremo avaló hoy las últimas actuaciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en el "caso Pinochet" pues, señala en un auto, "se ha abandonado la esfera judicial" del procedimiento de extradición para entrar en la "fase administrativa", al tiempo que propone que se revisen estos procesos para evitar decisiones políticas.

Así lo acuerda el Supremo en un auto en el que desestima dos querellas presentadas contra Matutes por supuestos delitos de denegación de auxilio y desobediencia a la Justicia al no ordenar recurrir una eventual decisión del Ministro del Interior británico -como reclamó Baltasar Garzón- si rechazaba la extradición de Pinochet.

En la misma resolución, el Tribunal Supremo propone "una profunda revisión" de la "institución de la extradición", sobre todo cuando "el Tribunal Penal Internacional recientemente creado exige que la reclamación de personas para ser enjuiciadas se haga dentro del ámbito estrictamente jurisdiccional".

La Sala añade que ello para que vayan "desapareciendo los vestigios del pasado que interfieren en las decisiones judiciales con resoluciones administrativas absolutamente incontrolables y por consiguiente de matiz político coyuntural".

Para el Supremo, en el "caso Pinochet", "se ha abandonado la esfera judicial o procedimental y se entra en lo que pudiéramos denominar la fase administrativa cuyas vicisitudes, alegaciones o reclamaciones ya no corresponden a la autoridad judicial que inició el expediente de extradición activa".

Añade que el Gobierno español puede tener en cuenta cualquier sugerencia "que merece ser estudiada y valorada detenidamente, pero no vincula a las autoridades gubernamentales españolas en orden a su tramitación y cumplimiento de sus términos".

El auto, firmado por los magistrados Luis Román-Puerta, José Antonio Martín Pallín y Andrés Martínez Arrieta, señala que "la responsabilidad de agotar o no agotar todos los trámites administrativos o eventualmente judiciales, posteriores a la decisión del Ministro del Interior inglés, recae sobre las autoridades político-administrativas españolas".

Aclara que la petición de Garzón al gobierno de que se agotaran todos los trámites necesarios para hacer efectiva la extradición del general chileno "no puede incardinarse en el contexto de una resolución judicial a la que deba darse estricto cumplimiento".

El Supremo recuerda que en algunas resoluciones judiciales británicas ya determinaron que "la decisión final sobre la extradición de Pinochet a España depende del Secretario del Interior y no de los Tribunales" y que "puede adoptarla, y es lo normal, sin el concurso de otras personas o instituciones".

Añade que "dado que se quiere conocer entre otros la opinión del Estado requirente, a través de las denominadas alegaciones pasa a dar cumplimiento a lo que parece ser el último trámite de este accidentado proceso de extradición'".

Las querellas fueron presentadas por el profesor de la Universidad Complutense Marcos Roitman, víctima de torturas durante la dictadura chilena, y por un particular, y solicitaron que el Supremo dictara una medida cautelar - que el Supremo también ha desestimado- para que se transmitiera a la Fiscalía británica la instrucción de Garzón de recurrir la denegación de la extradición de Pinochet.