Pide una revisión de los procesos de extradición para evitar interferencias políticas
LAS ORGANIZACIONES PRO DERECHOS HUMANOS PIDEN LA REVISIÓN DEL DICTAMEN DEL JUEZ KAY
1 de febrero de 2000 (Terra/Efe)
Un grupo de seis organizaciones pro derechos humanos, encabezado por Amnistía Internacional (AI), ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Londres una nueva petición para recurrir la decisión preliminar del ministro del Interior, Jack Straw, de poner en libertad al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El grupo sigue así los pasos de Bélgica, que pidió el lunes una revisión del dictamen del juez Maurice Kay, quien rechazó las dos solicitudes de apelación contra la postura de Straw.

En un comunicado, AI insiste al Gobierno de España en que transmita a las autoridades británicas las peticiones del juez español Baltasar Garzón para agotar todas la vías legales en relación con el caso Pinochet.

Las nuevas peticiones de Bélgica y de las seis organizaciones no gubernamentales (ONGs) serán escuchadas el lunes, día 7 de febrero, por tres jueces en el tribunal de apelaciones. Las dos partes querellantes pretenden que se revise la decisión del juez Kay y, en consecuencia, que se les permita recurrir contra las intenciones del ministro del Interior.

Extracto del comunicado de AI

Amnistía Internacional

"Amnistía Internacional rechaza tanto al procedimiento utilizado por el ministro del interior del Reino Unido para decidir que Pinochet está incapacitado para ser sometido a juicio, por considerarlo falto de transparencia e imparcialidad, como la decisión del gobierno español de no recurrir tal decisión, en contra de la voluntad expresada por el juez instructor del caso cuando se conoció la decisión inicial de Jack Straw.

La combinación de ambas posturas puede impedir el curso normal de la justicia. Los responsables políticos del Reino Unido y de España tienen pues la responsabilidad de que las víctimas de graves crímenes contra la humanidad no puedan cumplir por fin su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, después de más de 25 años de denegación de la justicia.

(...) la decisión del Gobierno español de no recurrir la decisión de Straw, en beneficio de un supuesto compromiso político con el Gobierno de Chile, ha supuesto una intromisión indebida en el poder ejecutivo en el poder judicial, y ha impedido de hecho que los recursos presentados por el Gobierno belga y por varias organizaciones humanitarias prosperase.

Amnistía Internacional solicitó reiteradamente al Gobierno español que cumpliese con su deber constitucional y recurriese la decisión inicial de Straw. El Gobierno español reiteró siempre que su posición era la de cumplir con su obligación constitucional y transmitar los recursos de la justicia. Pero en el momento crucial ha preferido adoptar una posición política".