Alicante, 22 de mayo de 2003

LA UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES: BIENESTAR PARA TOD@S 

El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado de Bienestar conjuntamente con el sistema de salud, la educación y las pensiones, considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer cobertura a necesidades básicas que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social.

Sin embargo, uno de sus objetivos esenciales para el que fueron creados: universalizar sus prestaciones básicas a toda la población, no se ha conseguido, por lo que es necesario exigir un compromiso político que garantice la financiación para alcanzar la cobertura de todos los ciudadanos.

Todos somos usuari@s potenciales de los Servicios Sociales. Algunas personas y familias los necesitan durante toda la vida o en etapas prolongadas; otras son atendidas en situaciones de emergencia o de crisis;  también hay personas que no se han acercado nunca a ellos. No obstante, la mayor expectativa de vida, los cambios en la estructura familiar, las incidencias de la llamada “sociedad de riesgo”, o el desempleo de larga duración, harán que tod@s los ciudadan@s necesiten en algún momento u otro de su vida las prestaciones básicas de los Servicios Sociales.

Cuando se van a cumplir veinticinco años de la aprobación de la Constitución Española, es necesario garantizar el principio de universalidad a las prestaciones básicas establecidas en todas las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales: Información, orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/ alojamiento alternativo; prevención e inserción social; cooperación social: apoyo al tejido social de autoayuda y solidaridad. Servicios que deben ir dirigidos a toda la población, independientemente de la renta que obtenga cada ciudadan@.

Para hacer efectiva la universalidad como garantía de derecho, se debe elaborar un mapa nacional/ regional de necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales, en coordinación con los municipios, con el objeto de desarrollar un plan presupuestario de inversiones financieras y sociales para la dotación de una red de centros y de profesionales con el máximo nivel de formación que hagan extensible el principio de universalidad.

La responsabilidad pública como principio fundamental de todas las Leyes de Servicios Sociales es determinante en la aplicación y garantía de los derechos, así como en el control de calidad de los servicios, aún cuando la gestión sea concertada con entidades privadas o con sectores sin ánimo de lucro.

Asimismo, se debe reconocer a las organizaciones sociales y profesionales la participación como interlocutores sociales en el desarrollo de las políticas que han de garantizar los derechos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales.

La universalidad de derechos en Servicios Sociales, junto con los demás sistemas de protección social, son los mejores instrumentos con los que cuentan las personas y familias para construir un futuro que garantice su bienestar y su calidad de vida. 

Durante los días 28 y 29 de marzo, el Centro Universitario de Talavera de la Reina acogió las Jornadas Derechos Universales: Los Servicios Sociales en el Estado de Bienestar, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo General de Trabajadores Sociales, en colaboración con la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social.

En este encuentro participaron unas trescientas personas en representación de los distintos sectores de la sociedad: polític@s, sindicalistas, investigador@s, trabajador@s sociales, estudiantes, miembros de asociaciones de mujeres, de inmigrantes, de discapacitad@s.

Las Jornadas, que sirvieron de foro de debate y análisis de la situación de nuestro país en la prestación de estos servicios, concluyó con la redacción de un manifiesto a través del cual se “exige a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas que garanticen por Ley la financiación para hacer efectiva la universalidad de los derechos/prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales”.

Para hacer realidad estas propuestas y seguir avanzando en la Universalidad de los Derechos Sociales necesitamos la participación y colaboración de todos y todas, profesionales y usuarios de los sistemas de protección social y ciudadanía en general, por ser una reivindicación de vital importancia y trascendencia para nuestro país. 

Todas las personas interesadas en leer el manifiesto, adherirse a él y/o realizar aportaciones al foro de debate pueden visitar la página del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de España: www.cgtrabajosocial.es.

Todas las firmas recogidas serán presentadas ante las Instituciones políticas correspondientes.

Dña. Hortensia Redero Bellido
Directora de la Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Alicante 

Dña. Mª Dolores Soler Aznar
Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Alicante

 

 
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